Política Nacional Contra el Crimen Organizado

En los últimos años se ha hecho evidente la presencia de un nuevo tipo de criminalidad en Chile. A las formas comunes del delito – y para las cuales el Estado contaba desde hace tiempo con estrategias de control y persecución – se han sumado nuevas formas delictuales, que exigen respuestas más sofisticadas.

La expansión del crimen organizado es un desafío reciente para el Estado. Si bien sigue siendo acotada en Chile, los indicios de una mayor presencia de organizaciones criminales requiere un Estado proactivo y mejor preparado para su control.

Cuando hablamos de crimen organizado nos referimos al “conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar. Las organizaciones criminales pueden ser locales o transnacionales y se pueden entremezclar distintos niveles de organización”. No todo es crimen organizado, pero aquel que lo es, debe ser identificado como tal y abordado con herramientas apropiadas y enérgicas.

Bajo este espíritu se dio origen al trabajo que hoy nos permite contar con la Primera Política Nacional contra el Crimen Organizado: un esfuerzo coordinado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del subsecretario del Interior Manuel Monsalve; que reúne de manera proactiva a 17 instituciones públicas, las cuales cumplen un rol protagónico en el combate al crimen. Es imperioso aprovechar al máximo las capacidades alojadas en cada institución y asegurar una respuesta estatal coherente y consistente: en esta política podrán reconocer un Estado articulado bajo un objetivo claro.

De esta manera acortamos aquellos espacios de ineficacia que son los que aprovechan quienes quieren cometer delitos. La coordinación interinstitucional es un imperativo para agilizar la respuesta del Estado con el objetivo de proteger a las ciudadanas y ciudadanos.

El gobierno del presidente Gabriel Boric ha asumido la tarea de la seguridad con la convicción de que estamos frente a un desafío de Estado y, por ello, nuestra respuesta debe tener un horizonte mayor al tiempo que dure nuestra gestión. La existencia de esta política permite la definición de planes y programas acordes a contextos particulares, proveyendo un marco general de mediano y largo plazo que oriente la acción estatal en la materia. Por ello, se ha definido una estrategia más amplia y exigente, que incluye simultáneamente el perfeccionamiento de la legislación, el desarrollo de un método de trabajo, a través de los consejos contra el crimen organizado a nivel nacional y regional, y la elaboración de un presupuesto integrado para atacar este problema, que incluye recursos para las diversas agencias que participan en esa tarea

 

Revisa acá la primera Política Nacional Contra el Crimen Organizado del país:

Acciones de la Política Nacional Contra el Crimen Organizado: