El ministro (s) Monsalve destacó que el proceso también ha permitido que 130 mil personas hayan realizado su autodenuncia ante la PDI, de las cuales 113 mil habían ingresado a Chile antes de 2023.
La autoridad de Interior sostuvo un encuentro con Felipe Harboe, Mahmud Aleuy, Juan Francisco Galli y Rodrigo Ubilla, luego del cual afirmó que “el Estado chileno tiene que ser más fuerte para efectivamente garantizar la seguridad de las personas y para tener todas las capacidades que permitan controlar, combatir y derrotar al crimen organizado”.
La infraestructura permitirá contar con una fuerza militar desplegada en forma permanente en la zona para garantizar seguridad de manera más oportuna y eficiente también a los habitantes de las comunas de Los Sauces, Purén y Lumaco.
Gracias a un convenio entre la Subsecretaría del Interior y el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, se aprobaron 72 beneficios, por más de 2.500 millones de pesos. “Estamos buscando reparar su capacidad de generar ingresos, que fue perdida en el marco de un hecho de violencia”, afirmó el subsecretario Monsalve.
Durante el balance tras la jornada de 18 de octubre, Monsalve destacó que durante este año se registraron “menos hechos de alteración del orden público y de violencia” y no hubo ataques a cuarteles de carabineros, ni vehículos de la locomoción colectiva quemados.
Durante la jornada se acordó además enviar una propuesta al gobierno venezolano para sentar las bases de un acuerdo formal más amplio en materia migratoria y de lucha contra el crimen organizado.
En las líneas programáticas sobre seguridad pública destaca un incremento del 15,8% en los recursos destinados al Plan Nacional contra el Crimen Organizado y la asignación, por primer año, de recursos presupuestarios al Plan Calles sin Violencia por más de $24 mil millones.
Este trabajo busca dar cumplimiento a una reforma constitucional de 2007 que definió como territorios especiales los correspondientes a Rapa Nui y al Archipiélago Juan Fernández, señalando que el gobierno y administración de estos territorios se regirá por estatutos especiales. En el encuentro se acordó que las contrapartes técnicas iniciarán su trabajo antes de fines de octubre.
Los Consejos regionales contra el crimen organizado forman parte de la institucionalidad de la Política Nacional contra el Crimen Organizado que presentó el Presidente Gabriel Boric a fines de 2022 y su objetivo es establecer medidas y planes de acción para enfrentar delitos cometidos por organizaciones criminales en las regiones.
Con el inicio de las capacitaciones a los equipos especializados para el Ministerio Público -y que son financiados por la Subsecretaría del Interior- se fortalecerá el eje de persecución penal de la iniciativa que busca frenar la tendencia al alza de los homicidios en el país.
