El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, valoró el acuerdo alcanzado esta mañana en la Comisión Mixta respecto del proyecto de ley que perfecciona los mecanismos para concretar las órdenes de expulsión administrativa, iniciativa que forma parte de las medidas contempladas en el Plan de Reordenamiento Migratorio del Gobierno. Como uno de los principales avances, Pavez […]

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, valoró el acuerdo alcanzado esta mañana en la Comisión Mixta respecto del proyecto de ley que perfecciona los mecanismos para concretar las órdenes de expulsión administrativa, iniciativa que forma parte de las medidas contempladas en el Plan de Reordenamiento Migratorio del Gobierno.

Como uno de los principales avances, Pavez destacó la nueva facultad que tendrá la Policía de Investigaciones para ingresar a un domicilio con autorización de un juez de garantía, cuando exista una orden de expulsión debidamente afinada, con el objetivo específico de detener a la persona y permitir la materialización de su expulsión.

“Hoy día la Policía de Investigaciones no tiene la facultad de poder ingresar a un domicilio para detener a una persona para expulsarla cuando hay una orden de expulsión. Por lo tanto, este proyecto le otorga a la Policía de Investigaciones la facultad de, verificado una orden de expulsión totalmente afinada, después de una autorización que da el juez de garantía para resguardar los derechos de las personas, poder ingresar a un domicilio”, explicó el subsecretario.

Pavez destacó que se trata de una herramienta que actualmente no existe y que permitirá hacer efectivas órdenes de expulsión que, pese a estar decretadas, no pueden concretarse cuando la persona no es ubicada fuera de su domicilio. “Es una de las innovaciones más decisivas que este proyecto de ley contempla para poder materializar el ordenamiento migratorio”, afirmó.

Prohibición de ingreso aumentará de tres a cinco años

Como segundo eje, el subsecretario destacó que la iniciativa establece un aumento del plazo mínimo de prohibición de ingreso a Chile, desde los actuales tres años a cinco años. “Esperamos que el plazo mínimo de prohibición de ingresos no sean tres años como la ley actualmente lo señala, sino que sean cinco años”, señaló Pavez.

De esta manera, quienes sean objeto de una expulsión tendrán un período mínimo de cinco años de prohibición de ingreso al país, de acuerdo con las condiciones establecidas en la nueva normativa.

Expulsión sin esperar el término del procedimiento penal

Como tercer elemento, Pavez destacó que el proyecto permitirá que, en determinados casos, no sea necesario esperar el término completo de un procedimiento penal para ejecutar la expulsión de una persona extranjera en situación irregular.“Una persona irregular, si es sujeto de un procedimiento penal para algunos delitos, se pueda expulsar sin tener que terminar completamente el procedimiento penal”, explicó.

El subsecretario señaló que esto permitirá, por ejemplo, aprovechar un período de privación de libertad para concretar la expulsión, sin tener que esperar procesos penales que pueden extenderse durante largos períodos. En particular, explicó que una persona extranjera irregular que se encuentre formalizada o acusada por un delito cuya pena no sea superior a tres años podrá ser expulsada en las condiciones contempladas por la iniciativa, quedando el procedimiento penal suspendido mientras cumple el período establecido fuera del país.

Acuerdo trabajado con la Corte Suprema y el Ministerio Público

Pavez valoró que los ajustes alcanzados en la Comisión Mixta incorporen las observaciones formuladas por la Corte Suprema y el Ministerio Público, luego de un trabajo prelegislativo con parlamentarios y asesores. “No estamos incorporando nada nuevo respecto de lo que ambas cámaras ya habían aprobado, pero sí se están ajustando estos procedimientos y plazos a los requerimientos de la Corte Suprema y también del Ministerio Público”, afirmó.

El subsecretario destacó que el objetivo de estas modificaciones es fortalecer las herramientas del Estado para hacer efectivas las órdenes de expulsión y avanzar en el ordenamiento migratorio, resguardando al mismo tiempo las garantías y procedimientos establecidos por la ley.

Los nuevos ajustes buscan compatibilizar la eficacia de la ejecución administrativa con la protección de investigaciones penales en curso. Para ello, se establece una coordinación reservada con el Ministerio Público después de concedida la autorización judicial, se regulan de manera más precisa los hallazgos delictivos durante el ingreso y se amplían los sujetos legitimados para solicitar la reanudación del procedimiento penal ante una prohibición de ingreso.