El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó al Congreso el proyecto de ley que establece un marco legal para el reconocimiento, calificación y reparación de las víctimas de violencia en el contexto del conflicto intercultural y territorial en la zona sur del país. La iniciativa, que iniciará su tramitación en el Senado, cumple con una […]

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó al Congreso el proyecto de ley que establece un marco legal para el reconocimiento, calificación y reparación de las víctimas de violencia en el contexto del conflicto intercultural y territorial en la zona sur del país.

La iniciativa, que iniciará su tramitación en el Senado, cumple con una de las principales recomendaciones estratégicas entregadas en mayo pasado por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, para abordar los hechos ocurridos desde 1990 a la fecha, en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Entre las características más importantes de la propuesta está establecer un marco legal que permita reconocer, calificar y reparar -si corresponde- a personas afectadas por acciones de violencia relacionada con el conflicto intercultural y territorial en las regiones mencionadas. Asimismo, el proyecto propone la creación de una comisión encargada de calificar la condición de víctima, la implementación de un programa responsable de coordinar y ejecutar acciones de atención, acompañamiento y reparación integral, y el establecimiento de un catastro oficial para inscribir a quienes sean calificados como tales por la instancia técnica.

Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que “la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que contó con un respaldo transversal desde sus inicios, trabajó firmemente para proponer medidas que permitan establecer una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Y, tal como fue anunciado en su momento, para esto es indispensable el reconocimiento de las víctimas de la violencia en la zona. Con el ingreso de esta ley damos un paso firme en el apoyo de las chilenas y chilenos que viven en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, detalló que “aún cuando llevamos muchísimos años y gobiernos, dando respuestas parciales a muchas de estas víctimas, todavía tenemos mucho por mejorar en la manera en que el Estado le da una respuesta íntegra a todas ellas. Este proyecto se hace cargo de esa deuda. Organiza de mejor manera las ayudas, integra e incluye a todas las personas independientes de su origen o al pueblo al cual pertenezcan y permite al mismo tiempo cumplir con los estándares de derecho que se ajusten a lo que nuestra Constitución y nuestras leyes exigen”. 

El proyecto de ley define el concepto de violencia y amplía su alcance más allá de hechos tradicionalmente asociados a la denominada violencia rural, incorporando también expresiones de violencia institucional, así como impedimentos a la libre circulación y desarrollo de actividades educacionales, económicas, religiosas o espirituales. Estas manifestaciones se fundamentan en los diagnósticos tanto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), como los emanados por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.

En ese sentido, esta iniciativa se hace cargo de las múltiples expresiones de violencia presentes en dichas regiones y, en consecuencia, permite la reparación de las víctimas por afectaciones físicas, psíquicas, patrimoniales, culturales y sociales. Esta reparación se realizará mediante un conjunto de medidas que trascienden la compensación económica e incluyen acciones de reposición de actividades sociales, intervenciones colectivas de contención y prevención de la violencia, así como iniciativas de concientización, memoria, promoción del diálogo y fortalecimiento de la convivencia.

Finalmente, el encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, Fabián Salas, detalló que: «La experiencia internacional indica que la paz y la convivencia requieren de justicia y reparación. En este objetivo, es necesario reconocer a todas las víctimas sin exclusión, incluyendo a quienes han sufrido violencia institucional. Este proyecto es parte de los esfuerzos por cumplir las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, sumándose al reconocimiento constitucional, el plan de reactivación económica en la zona, la promoción y protección de los derechos lingüísticos y la creación de una nueva institucionalidad indígena dentro del Estado. Se trata de recomendaciones que son fruto de un esfuerzo político transversal, con una mirada de futuro y por sobre todo de Estado».