Con el objetivo de optimizar los procedimientos de expulsión de extranjeros con órdenes vigentes, el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, encabezó la firma de un nuevo protocolo interinstitucional que fortalece la coordinación entre Migraciones, Gendarmería y la Policía de Investigaciones.

Con la firma del nuevo Protocolo de Expulsiones Administrativas, encabezada por el ministro (s) del Interior y Seguridad Pública, Luis Cordero, el Gobierno busca acelerar y optimizar los procesos de expulsión de personas extranjeras con órdenes vigentes, priorizando aquellos casos que representan mayor riesgo para la seguridad pública. La actividad, realizada esta mañana en el Salón Democracia y Memoria del Palacio de La Moneda, contó con la participación del director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer; el director nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra y el prefecto general de la PDI, Ricardo Gatica.

Este protocolo responde a un aumento en los decretos de expulsión administrativa vigentes, que pasaron de 24.000 en 2022 a 30.000 en 2024. Según datos entregados durante la ceremonia, este año se concretaron 662 expulsiones administrativas, la cifra más alta en los últimos seis años. Sin embargo, la ley 21.325 de Extranjería y Migración, que regula este proceso, no establece mecanismos concretos ni coordina las acciones necesarias entre las instituciones, lo que hacía urgente implementar medidas que aseguren su correcta ejecución.

En ese contexto, el ministro (s) Luis Cordero explicó que “luego de la modificación y de la publicación de la ley, ha sido necesario incorporar una serie de ajustes que van en tres órdenes: adecuaciones legales adicionales para permitir las notificaciones más expeditas, en segundo lugar, incorporar tecnología para poder integrar el funcionamiento de las instituciones, y en tercer lugar, aumentar las dotaciones, y particularmente la del Servicio de Migraciones, para poder llevar a cabo los procesos de expulsión”.

La firma del protocolo establece criterios claros para la priorización de expulsiones de personas con antecedentes penales o policiales, fija plazos específicos en cada etapa y mejora la integración de información entre instituciones. Esto incluye que Gendarmería informe semanalmente a la PDI sobre extranjeros en prisión preventiva o cumpliendo condenas, así como plazos para la comunicación de infracciones a la Ley de Migración y coordinación para la materialización de expulsiones.

En ese contexto, Luis Cordero detalló que este protocolo busca uniformar los procedimientos de cada una de las instituciones que participan de los mecanismos de expulsión. “En segundo lugar, acotar los plazos. En tercer lugar, uniformar los medios de información para hacerlo más expedito. Y, en consecuencia, permitir que las expulsiones sean desarrolladas de un modo con mayor regularidad que la que podemos estar realizando en la actualidad”, señaló.

El ministro (s) del Interior y Seguridad Pública además recordó que algunos días atrás ya se había dado a conocer una herramienta tecnológica que también apunta a mejorar los procesos de fiscalización en temas migratorios. “El Servicio Nacional de Migraciones puso a disposición de las policías una herramienta tecnológica con el propósito de que tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones, en sus controles regulares, pudieran disponer de mecanismos de consulta directa sobre la situación migratoria de las personas, especialmente para aquellas que están con decreto de expulsión vigente”.

Este nuevo protocolo es un paso concreto en la mejora de la gestión migratoria del país, alineado con la Política Nacional de Migración y Extranjería y la Política Nacional contra el Crimen Organizado, apuntando a consolidar una coordinación más efectiva entre las instituciones públicas.