En el marco de una nueva sesión del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado el Subsecretario del Interior destacó que en materia de fiscalización de armas inscritas, algunas regiones ya superaron la meta del 10%, una medida clave para frenar el flujo de armas hacia organizaciones criminales.

En una nueva sesión del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, encabezada por la ministra del Interior Carolina Tohá, se expusieron importantes avances en materia de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales. Durante la jornada, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó detalles sobre el progreso de la Política Nacional contra el Crimen Organizado implementada desde diciembre de 2022.

En su intervención, Monsalve subrayó la importancia de desmantelar las redes financieras que sustentan a las organizaciones criminales, afirmando que «no se puede terminar con el crimen organizado si no se termina con sus negocios«. Para ello, se ha fortalecido la colaboración con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismos que presentaron ante el Consejo estrategias de persecución de lavado de activos y patrimonios ilícitos. «Por eso, hoy le hemos pedido al director del Servicio de Impuestos Internos y al director de la Unidad de Análisis Financiero que puedan presentar ante el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado las estrategias de persecución, de lavado de activos y de patrimonio«, agregó el subsecretario.

En términos de inversión, la autoridad informó que, “desde el año 2022 a la fecha, en el marco de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, se han transferido 164 mil millones de pesos a instituciones que cumplen funciones en materia de seguridad para fortalecer sus capacidades, para darle seguridad al país”, incluyendo a Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la Policía Marítima y la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre otras.

Otro de los puntos abordados en el Consejo fue el control de armas. Al respecto, el Subsecretario informó que, en los últimos años, se ha aumentado significativamente la fiscalización de armas inscritas legalmente, un área crítica en la lucha contra el crimen organizado. «Hace solo dos o tres años en Chile se fiscalizaba no más del 2% de las armas inscritas legalmente«, explicó. Sin embargo, en 2024 ya se ha logrado fiscalizar el 8% de las armas inscritas y en 12 regiones del país ya se superó la meta de fiscalizar al menos el 10% de las armas inscritas legalmente.

También se destacó el trabajo realizado en materia de seguridad penitenciaria, incluyendo la implementación del bloqueo de telefonía celular en los recintos penitenciarios de Santiago 1, que ya cubre al 20% de la población penal.

Finalmente indicó que, en el marco de la discusión presupuestaria para el año 2025, se espera seguir incrementando los recursos destinados a fortalecer a las instituciones y dotarlas de capacidades para el combate al crimen organizado.