Durante esta jornada el Equipo de Tarea contra el Crimen Organizado en recintos penitenciarios sostuvo encuentro, tras el cual se anunciaron importantes inversiones en infraestructura, incluyendo cárceles de máxima seguridad, y se destacó el buen funcionamiento del sistema de bloqueo de teléfonos celulares.

En el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) se reunió el Equipo de Tarea Contra el Crimen Organizado en Recintos Penitenciarios, del que participaron el ministro(s) de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el fiscal regional Metropolitano Occidente y fiscal preferente para establecimientos penitenciarios, Marcos Pastén; el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra; el director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, general Enrique Monrás; y el subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, prefecto general, Hugo Haeger.

En la reunión se dio un mensaje claro respecto a que el control total de las cárceles lo tienen las instituciones del Estado de Chile y que todas las instituciones participantes no van a ceder ese control a las organizaciones criminales. «Quiero valorar la reunión del día de hoy, que como muy bien lo ha dicho el ministro de Justicia subrogante, no es casual, no es única, es parte de una dinámica de trabajo que se inició en marzo del año 2023», señaló el subsecretario Manuel Monsalve.

Dentro de los temas abordados, la autoridad de Interior explicó que el gobierno del presidente Gabriel Boric recibió los recintos penitenciarios con 41.042 personas privadas de libertad y hoy esa cifra supera las 56.000. «Justamente para enfrentar esta sobrepoblación, el Gobierno está llevando adelante una serie de inversiones que durante el transcurso de este gobierno van a permitir proveer al país de 9.000 plazas adicionales en materia de recintos carcelarios».

Fortalecer la infraestructura

Durante la jornada también se revisaron las instalaciones afectadas por los desórdenes ocurridos a partir del 5 de junio en el REPAS. “Tuvimos la posibilidad de recorrer las instalaciones del recinto de máxima seguridad en REPAS para certificar el estado de las celdas y también el estado de recuperación de algunas de ellas en post del trabajo que se está realizando para poder nuevamente tomar la normalidad completa. Cuando hablo de normalidad completa es la inclusión de estas celdas en las cuales se está trabajando con materiales adecuados para poder también dar el blindaje que corresponde, para que podamos también hacer que el personal se sienta seguro y también la población penal”, detalló el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra.

El subsecretario Manuel Monsalve relevó la importancia de fortalecer la infraestructura de los recintos penitenciarios de Chile, también los de máxima seguridad. En esa línea, la autoridad explicó que se está haciendo una inversión de 110 millones de pesos para readecuar 20 celdas del REPAS y reiteró que «para la lucha contra las organizaciones criminales, los recintos de máxima seguridad son esenciales y el régimen de máxima seguridad es esencial”.

El ministro(s) Jaime Gajardo precisó en la misma línea que «el viernes de la semana pasada la Contraloría General de la República tomó razón de la licitación para nueve establecimientos penales más, que son, entre otros, los establecimientos penales que en la primera sesión del Equipo de Tarea -en marzo del año 2023- definimos que son los penales más estratégicos que tenemos en nuestro sistema penitenciario».

El fiscal regional Metropolitano Occidente y fiscal preferente para establecimientos penitenciarios, Marcos Pastén, reafirmó el compromiso de las instituciones para enfrentar a las bandas de crimen organizado. “No existen espacios en Chile en los cuales no pueda el Estado con sus instituciones ingresar e investigar los delitos que se cometen. Por lo tanto, la cárcel no es un espacio de impunidad, sino que tiene que ser un espacio que a nosotros nos permita también realizar investigaciones” expresó.

 

Bloqueo de celulares

En cuanto al uso de tecnologías y el programa de bloqueo de telefonía celular en recintos penitenciarios, el subsecretario del Interior revisó su funcionamiento junto al Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, constatando que es un sistema que funciona y que produce positivos resultados.

Monsalve afirmó que la iniciativa «tiene un nivel de eficiencia por contrato sobre el 85% y, por lo tanto, hay un periodo de latencia desde que se detecta el teléfono hasta que se bloquea. Pero si mal no recuerdo, hay cerca de 3.000 IMEI que ya han sido bloqueados y eso demuestra la eficacia y la eficiencia de una política que se implementó en Chile, que es única en América Latina en materia de tecnología, que hoy día tiene bloqueo de telefonía celular en recintos que tienen al 20% de la población penal» del país.