Subsecretario del Interior participó en la actividad que se centró en la implementación de nuevas medidas para bloquear la señal de telefonía celular dentro de los recintos penitenciarios, con el fin de evitar que los internos coordinen actividades delictivas desde su interior. Este esfuerzo es parte de una estrategia más amplia que incluye la transferencia de fondos para mejorar la tecnología de seguridad en las cárceles y fortalecer la cooperación entre el Ministerio de Justicia, Gendarmería, Fiscalía y las policías.

Avances y resultados de las medidas implementadas por el Equipo de Tarea Contra el Crimen Organizado, específicamente en materia de recintos penitenciarios, fueron presentadas durante esta jornada en el Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, en una actividad encabezada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; el fiscal preferente para establecimientos penitenciarios, fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén; el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra; el jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Jean Camus; y el subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, prefecto general Hugo Haeger.

Junto con relevar la presencia de diversas instituciones que han estado trabajando activamente para enfrentar al crimen organizado al interior de las cárceles, Monsalve destacó que “queremos garantizar al país que las cárceles no son ni espacios para hacer negocio, ni tampoco para que las personas se puedan comunicar con el exterior para seguir coordinando la comisión de delitos. Esa es la tarea central de nuestro trabajo y en ese ámbito lo que hemos venido a hacer es poder monitorear el funcionamiento de algo inédito en Chile, de algo de lo que se había comprometido muchas veces en distintos gobiernos, pero no se había ejecutado, que era bloquear la señal de telefonía celular al interior de los recintos penitenciarios».

La autoridad detalló que en Santiago Uno hoy funciona una tecnología que permite el bloqueo de telefonía celular, que es única en América Latina, y que permite anular la comunicación de la telefonía celular al 20% de la población penal de Chile, con la proyección que ha establecido el Ministerio de Justicia de llegar -de aquí al término del gobierno- al 80% de la población penal. “A lo mejor la gente entendía que desde un recinto penitenciario un delincuente podía, a través de un teléfono celular, amenazar a alguien fuera del recinto penitenciario, extorsionar a alguien, coordinar una organización criminal para que cometiera un secuestro o para que siguiera traficando droga. Bueno, eso es lo que queremos garantizar que no ocurra. Y por eso es tan importante monitorear el buen funcionamiento de la tecnología que permite el bloqueo de celulares», afirmó.

El subsecretario sostuvo que esta medida obedece a un plan de trabajo más amplio, tanto con Gendarmería, como con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Seguimos con la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que implica que el año pasado se transfirieron $5 mil millones y este año $7 mil millones a Gendarmería para complementar esto con tecnología que permita controlar mejor las cárceles, como escáneres, paletas, detectores de metales y drones, que permitan garantizar la seguridad de los recintos penitenciarios».

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, destacó también los buenos resultados que ha traído el trabajo permanente para enfrentar al crimen organizado en el interior y exterior de las cárceles, destacando que ya no existe el comercio ilegal que había estado presente en las afueras del recinto penitenciario desde su inauguración, gracias a la seguridad perimetral trabajada por Carabineros, junto a Gendarmería y otras instituciones. “Nos ha permitido prácticamente reducir a cero el número de pelotazos que se lanzan al interior del establecimiento penitenciario y además disminuir de una manera muy significativa la cantidad de droga que hay al interior de los establecimientos”, afirmó Gajardo.

En ese contexto, el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, explicó que muchas de las bandas criminales existentes en el país tienen un origen carcelario, por lo que es muy importante enfrentar al crimen organizado también al interior de los recintos penales, tal como se está haciendo a través de esta iniciativa. “Con esa posibilidad, entonces, con una mejor organización, en un trabajo conjunto y colaborativo como el que se observa en esta mesa de trabajo en la que estamos participando, creemos que es el camino correcto y que al final va a traer los provechosos frutos que todos están esperando de todas las instituciones”.

Medidas y leyes

El 22 de marzo de 2023 se conformó el Equipo de Tarea del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y DDHH, Ministerio Público, Gendarmería y Policías. Este equipo ha llevado a cabo el Plan de Seguridad Penitenciaria Contra el Crimen Organizado, realizando 35 operativos de allanamientos nacionales desde 2022 hasta abril de 2024, incautando 24.099 armas blancas, 11.416 celulares, 6.725 litros de licor artesanal y 52 kg de sustancias ilícitas.

Por otro lado, en materia legislativa se han impulsado diversas acciones, como la nueva Ley N° 21.555 que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile, permitiendo a los funcionarios tener mayores atribuciones para realizar investigaciones al interior de las cárceles. Además, la Ley N° 21.594 modifica el Código Penal para sancionar la tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior. También se está tramitando un proyecto de ley que modifica el Código Penal para ampliar las sanciones por ingresar elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios, como parte de la agenda priorizada del gobierno del Presidente Gabriel Boric.