Esta tarde, en el barrio Meiggs, Carabineros de Chile inició el despliegue para el control y fiscalización, acciones que forman parte de las medidas anunciadas por el Gobierno para reforzar las estrategias contra la nueva criminalidad, las que irán acompañadas modificaciones legales que permitan agilizar las expulsiones de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular y que no se hayan inscrito en el proceso de empadronamiento.

Desde la explanada de la Estación Central, en pleno barrio Meiggs, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; la delegada Regional Metropolitana, Constanza Martínez, junto al Director de Orden y Seguridad, general inspector Enrique Monras y el alcalde Felipe Muñoz, se dio inicio al eje de control territorial del Plan Calles Sin Violencia. El operativo, que incorporó un gran contingente policial, además de equipos de seguridad comunal busca fortalecer la fiscalización y el control migratorio en espacio públicos, medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar el nuevo tipo de criminalidad.

Sobre la puesta en marcha del plan de reforzamiento del control territorial, que realizarán los equipos especializados de Carabineros de Chile, el subsecretario Manuel Monsalve expresó que “los chilenos y la chilena en materia de seguridad piden actuar. No piden solo planes, solo programas. Piden que eso se traduzca en acciones concretas que cambien su condición de seguridad. Y el mensaje hoy día es que no vamos a renunciar a que el Estado y las policías sean quienes tienen el control del territorio”.

A las fueras de la estación de ferrocarriles, la autoridad afirmó que “el Estado no va a abandonar la tarea de tener el control territorial de nuestro país”, particularmente – recalcó Monsalve – en aquellos sectores donde las personas se sienten inseguras y por donde transitan mujeres, niños y jóvenes que van a sus estudios y trabajadores.

El despliegue de equipos especializados de Carabineros de Chile se desarrolla sobre la base del sistema de análisis de información policial, cruzando factores de riesgo en sectores con ocurrencia de delitos violentos y uso de armas de fuego. Para ello considera fiscalización en el territorio, control, detención y retención de personas con órdenes de detención pendientes, antecedentes de comisión de delitos o en situación migratoria irregular.

“Hay más de 120 carabineros que están trabajando. Funcionarios de GOPE, Control de orden Público, Radiopatrullas, OS7, personal de la Escuela de Suboficiales para controlar y fiscalizar, tanto a personas, vehículos y también algunos locales tanto de alcoholes o locales comerciales donde nosotros podamos detectar algunos ilícitos”, detalló el Director de Orden y Seguridad de Carabineros, General Enrique Monras.

Por su parte, la delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez, destacó que el Gobierno ha puesto como prioridad la seguridad de las personas, y que este esfuerzo de focalización del trabajo policial es la demostración de esa preocupación a través de trabajo sistemático y  coordinado de las instituciones del Estado. “Lo vamos a seguir haciendo operativamente en cada uno de los lugares donde se cometen ilícitos, donde ocurren delitos violentos, donde hay utilización de armas y tráfico de droga. Vamos a insistir las veces que sea necesario”.

Finalmente, el alcalde Felipe Muñoz, agradeció la intervención y preocupación del Gobierno para recuperar los espacios públicos y el abordaje “con seriedad, con trabajo, que es algo que es primordial para nuestras vecinas y vecinos”

 Estrategia de control territorial

Las nuevas medidas, trabajadas en conjunto con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, fueron presentadas al presidente Gabriel Boric el viernes 17 de noviembre e incluyen las fases de acción de Control Territorial, Control Migratorio y Expulsión.

En primer lugar, consideran un plan operativo de intervención territorial, a partir de una presencia policial reforzada, para frenar los delitos violentos y el uso de armas de fuego.

Además, se amplían las acciones para mejorar la capacidad de hacer efectivas las expulsiones migratorias, lo que requiere tanto de modificaciones de tipo administrativo, como nuevos cambios en la legislación.

Las iniciativas antes mencionadas son un complemento del Plan Calles Sin Violencia, que ha tenido un impacto relevante para enfrentar los homicidios, y buscan frenar el nuevo tipo de criminalidad en Chile y garantizar el derecho a la seguridad todas y todos los chilenos.