La iniciativa es parte de la estrategia de seguridad del gobierno del Presidente Boric que busca, entre otras cosas, el fortalecimiento y modernización de las instituciones encargadas de esta relevante materia.

Hoy fue promulgada la ley que endurece el tratamiento de contrabando de dinero y lo tipifica como delito, eleva las penas, aumenta los plazos de prescripción y dota de mayores facultades a las policías, Aduanas y al Ministerio Público.

En una ceremonia encabezada por la Vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, el Ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, el de Hacienda, Mario Marcel, y el de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se explicaron los alcances del cambio legal, que es parte de la agenda priorizada de 31 iniciativas acordada con los presidentes de ambas cámaras en mayo pasado.

El ministro (s) Monsalve precisó que “esta ley que promulgamos muestra que es posible llegar a acuerdos y que el trabajo entre el Congreso y el Ejecutivo le puede dar al país un mejor Estado y un Estado que proteja de mejor manera la seguridad”.

La ley contra el contrabando agrava las penas si los bienes o dinero definidos como contrabando se obtuvieron a través de un delito o para cometer un delito, las que pueden alcanzar los 10 años de cárcel con la nueva legislación y lo considera como un delito base para el lavado de activos.

El ministro Marcel explicó que “la promulgación de esta ley materializa tres compromisos: primero, crear el delito de contrabando de dinero; en segundo lugar, permitir que el Ministerio Público inicie investigaciones por contrabando y, en tercer lugar, aumentar el plazo de las prescripciones del delito de contrabando desde 3 a 5 o 10 años”.

El ministro Cordero manifestó que “esta ley contribuye a resolver un vacío vigente en la actual legislación que es clave, no solo para efectos de la fiscalización tributaria, sino que es determinante para la agenda de seguridad, al establecer reglas efectivas que permiten contribuir con las otras modificaciones legales aprobadas y las que se encuentran en el Congreso para perseguir la ruta del dinero y combatir así el crimen organizado”.

Respecto a la importancia de este proyecto, la Vicepresidenta Carolina Tohá destacó: “detrás del delito de contrabando hay dos grandes preocupaciones del Estado. Una es la tributaria, para que las mercaderías que entren al país cumplan con sus obligaciones como es debido. Y segundo, la seguridad. Para que no se cometa a través del contrabando el ingreso al país de mercaderías prohibidas, peligrosas o que se ocupan para la comisión de delitos, como por ejemplo, granadas”.

Actualmente, el tráfico ilícito de productos falsificados es una forma común de obtener ingresos para las bandas de crimen organizado. También sirve a las bandas criminales para lavar dinero ya que introducen productos falsificados en la cadena legítima de comercio, generando así dinero “limpio”. Por otra parte, el contrabando daña el comercio legítimo y causa pérdidas económicas significativas ya que perjudica a las instituciones que recaudan impuestos y alimenta el comercio ilícito.

Según explicaron las autoridades se están implementando medidas adicionales y complementarias a esta ley, tales como: Fortalecer las capacidades del Servicio Nacional de Aduanas (Política Nacional Contra el Crimen Organizado); entregar recursos para tecnología no invasiva (portales, camiones escáner, detectores de drogas, paletas detectoras de metales) para lo cual se aumentó la inversión desde $6.632.250.789 en el presupuesto 2022, a $4.680.159.000 en el presupuesto 2023.

También se está impulsando un Programa Global de Control de Contenedores junto al Servicio Nacional de Aduanas, la creación de unidades conjuntas de control portuario para el análisis de riesgo de los contenedores en los puertos. Actualmente, el programa se encuentra implementado en el Puerto de San Antonio y esta semana se está realizando la capacitación a funcionarios del Puerto de Iquique.

“Esta iniciativa fortalecerá la capacidad del Servicio Nacional de Aduanas, lo que está incluido tanto en el proyecto de Ley de Presupuesto estamos discutiendo actualmente, así como en el Proyecto de Inteligencia Económica contra el crimen organizado. El objetivo es organizar los recursos para que el Servicio de Aduanas pueda agregar nuevo material de scanners y mejorar su capacidad de control en los puertos del país”, concluyó Marcel.