ras informar de los resultados de la operación “Franke V” de la Policía de Investigaciones, donde se incautó más de 15 mil millones de pesos en drogas y especies, la autoridad destacó el trabajo de las policías y el Ministerio Público que permite desarticular organizaciones criminales y reducir su poder económico.

“Fortalecer las instituciones para identificar y desarticular organizaciones criminales, no son sólo palabras. Fortalecer las instituciones, incorporando recursos como lo hicimos en la ley de presupuesto, nos permite tener resultados como estos”, sostuvo el subsecretario Monsalve al informar del exitoso operativo encabezado por la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI.

La autoridad detalló que la operación “Franke V, que permitió la incautación de 1.016 kilos 449 gramos de cannabis sativa, 618 kilos 638 gramos de cocaína base, 64 kilos 437 gramos de Clorhidrato de cocaína y otras especies, no sólo impide la distribución de esas drogas, también ataca directamente el patrimonio de la organización criminal.

“Aquí no se trata de demoler una casa, se trata de demoler el patrimonio de las organizaciones criminales, porque con 15 mil millones se compra muchas casas”, sostuvo Monsalve.

En la misma línea, la autoridad destacó que la Cámara de diputadas y diputados pusiera para hoy en tabla la votación del informe de la comisión mixta sobre el proyecto de ley de narcotráfico, que va a entregar al Estado más herramientas para perseguir este delito, interrumpir el flujo de recursos en y sancionará con fuerza a quienes sean parte de la organización criminal.

“El país va a tener Ley de Narcotráfico, que va a permitir demoler el patrimonio de las organizaciones criminales, decomisar su patrimonio, entrega herramientas poderosas al Estado y al Ministerio Público para quitarle el patrimonio a las organizaciones criminales”.

Detalles del proyecto

1.- Con la aprobación de este proyecto de ley, se entregarán herramientas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, impidiendo que estas organizaciones y sus miembros se enriquezcan a través de la comisión de delitos. Para ello, el proyecto entrega una nueva sistematización al comiso, incluyendo el comiso sin sentencia condenatoria, el comiso ampliado y el comiso por valor equivalente.

2.- El proyecto de ley modifica la Ley 20.000, estableciendo un nuevo tipo penal, que sanciona al suministra sustancias ilícitas sin consentimiento a un tercero. La pena se agrava la pena en caso de suministrar las drogas a un menor de edad.

3.- El Proyecto de ley perfecciona la regulación sobre destinación provisoria, otorgando la posibilidad de destinar provisoriamente bienes a las unidades policiales que participan en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales, destinadas a cometer delitos relativos a drogas. Además incorpora diversos mecanismos para facilitar su administración, pero manteniendo un control sobre estos bienes, rindiendo cuentas de esta gestión. Con estas modificaciones, las unidades policiales podrán ocupar, por ejemplo, un inmueble que fue decomisado a un narcotraficante por ser fruto del narcotráfico, mientras dura el juicio.

4.- Se introducen mejoras en los procesos para la enajenación temprana de bienes, posibilitando que el SENDA pueda solicitar esta enajenación. Además, se amplían los bienes susceptibles de ser enajenados tempranamente, esto con el fin de agilizar los procesos.

5.- En la lucha contra el narcotráfico, debemos hacernos cargo de las consecuencias para la sociedad que esto trae, por ello, se incorporan normas para destinar permanentemente bienes decomisados a instituciones que luchan contra estas consecuencias, como es SENDA.

6.- El Proyecto entrega mayores facultades de fiscalización a la PDI y Carabineros, respecto de las personas que están o deben estar inscritas en el registro de precursores y sustancias químicas.

7.- Se amplía el catálogo de las empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. Esta modificación tiene por objeto fortalecer la lucha contra las organizaciones de criminalidad organizada, desde un aspecto económico, dado que permitirá identificar en nuevos rubros actividades destinadas a ocultar el origen ilícito de los bienes. Esto va en línea con las recomendaciones del último informe de colaboración mutua GAFILAT de septiembre de 2021.