Monsalve explicó que “el proyecto permitirá al Estado perseguir de manera más eficaz a las bandas y organizaciones criminales detrás de los graves delitos que afectan a la población”

¿Qué tienen en común una encerrona, un portonazo o una balacera en las calles y barrios? Son delitos violentos, generalmente vinculados a la acción de asociaciones criminales o delictuales que con la legislación vigente resulta complejo identificar, perseguir y sancionar.

Para fortalecer el combate contra el crimen organizado, el Gobierno anunció que presentará indicaciones al proyecto de ley que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación (Boletín 13.982-2015), que se encuentran en su segundo trámite legislativo en el Senado.

Este martes, tras participar de la sesión de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, el subsecretario Manuel Monsalve sostuvo que “buscamos ponernos de acuerdo con el parlamento, particularmente con el Senado, para resolver un problema que están viviendo las y los chilenos, que son los efectos de la organización criminal que usa armas, que comete violencia, que comete homicidios y que queremos combatir con mayor eficacia».

En ese sentido, la autoridad afirmó que el proyecto de ley permitirá al Estado y sus instituciones, perseguir de manera más eficaz a las organizaciones criminales, pero que buscarán fortalecerlo, mejorarlo y robustecerlo a través de indicaciones en cuatro ejes:

1)            Establecer con mayor precisión la definición asociación delictual o asociación criminal, para facilitar la identificación o tipificación de este delito. “Esto es muy importante, porque si una asociación criminal comete un delito, esto permite sancionarlo, por ejemplo, por el delito de homicidio y además sancionarlo por el delito de ser parte de una asociación delictual o de una asociación criminal. Y queremos facilitar la tipificación del delito de asociación criminal” aseguró Monsalve.

 2)            Incorporar normas de comiso para los delitos vinculados a la delincuencia organizada. “Lo que necesitamos para el narcotráfico, para la trata de personas o para los robos con fuerza de vehículos, es golpear el patrimonio del negocio”, indicó.

 3)            Mejoras para la aplicación de técnicas especiales de investigación en la lucha contra el crimen organizado. “Hoy día las técnicas especiales de investigación se pueden utilizar solo para algunos delitos, por ejemplo, los delitos de la Ley 20.000, pero no en la trata de personas, no en el tráfico ilegal de migrantes, no en el robo de madera, no en los robos con fuerza de vehículos. Y consideramos que las técnicas especiales, que cumplan con estándares internacionales, tienen que ser usados en la lucha contra el crimen organizado” explicó.

4)            Establecer una estructura legal para proteger a las víctimas y a los testigos. “Si no hay testigos dispuestos a entregar los antecedentes que permitan perseguir a una organización criminal, no es posible detenerla y sancionarla. Pero si ese testigo no tiene hoy día por parte del Estado garantías de proteger su seguridad y su vida, evidentemente no va a concurrir a entregar los antecedentes de los que dispone en el marco del combate contra el crimen organizado” señaló.

Junto a los senadores miembros de la comisión, el Ejecutivo acordó ingresar las indicaciones la semana que inicia el 26 de septiembre y así continuar su tramitación.