ACTA N°2 PANEL DE EXPERTOS SESIÓN: CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES

  1. Apertura y presentación del panel:

 

  • Subsecretaria del Interior (S) Natalia Silva, hace apertura de la sesión.
  • Subsecretaria de Prevención del Delito Carolina Leitao, entrega saludo inicial y comenta las iniciativas que SPD está desarrollando a nivel territorial.
  • Ministra del Interior y Seguridad Pública da inicio a la sesión.
  1. Presentación “Control de armas y municiones”:

 

  • Se realiza presentación por parte de Subsecretaria del Interior (S), referida al control de armas y municiones. La primera parte caracteriza las principales cifras con las que el Estado cuenta sobre las armas de fuego inscritas y sus delitos asociados. La segunda parte presenta las medidas que el ejecutivo ha llevado adelante, dando cuenta del Plan Anual de Fiscalización (PAF) y la adquisición de diversas tecnologías para fortalecer la capacidad investigativa de las políticas y la persecución penal. Finalmente, la presentación concluye con los principales desafíos que tiene el Estado en la materia y algunas preguntas orientadoras para el debate.
  1. Ideas centrales de la discusión:

 

  • Los expertos manifiestan preocupación por las distintas formas que toman los delitos referidos a armas. Por ejemplo, el arriendo de armas, el testaferrato, la internación ilegal de armas, el tráfico fronterizo de estas, las mafias que entregan certificaciones que posibilitan la adquisición legal y el mercado ilícito del tráfico de armas y las prácticas que subyacen a este. Además, existe un acuerdo extendido en que uno de los principales problemas en materia de armas tiene que ver con la calidad de los registros.
  • De lo anterior se desprende un diagnóstico respecto de la institución a cargo de realizar el registro, donde se evidencian problemas asociados al conocimiento sobre los mercados legales e ilegales, los instrumentos de evaluación de gestión así como también problemas asociados a su gobernanza y sus capacidades institucionales. Para ello, se propone analizar el rol de la DGMN, pues se requiere un sistema robusto, que no recaiga en una sola institución, y que incorpore a la función de control y fiscalización, la producción de conocimiento y la fiscalización a las instituciones que acreditan los requisitos de aptitud física y sicológica para el uso de armas de fuego.
  • Se menciona como ejemplo de buena práctica, la realización de una revisión técnica anual al arma y al tenedor, en el marco de una tenencia responsable que promueve Argentina, con el objetivo de apuntar a la responsabilidad personal en la tenencia de armas; dado que nuestro país es restrictivo sobre la tenencia, pero la trazabilidad es laxa. Como medida contraproducente, se señala el subir los impuestos a la compra de armas, tal como lo hizo Ecuador. También, se sugiere implementar un registro biométrico en el momento de inscribir un arma.
  • Se identifican zonas grises de información como, por ejemplo, el mercado ilícito de armas. En efecto, no se cuenta con información respecto de cuánto cuesta un arma de fuego o del tamaño de este mercado. También, la relación que tiene los delitos de VIF con el uso de armas de fuego. Esto porque la baja en las cifras de inscripción de armas no tienen un correlato con el aumento de los delitos violentos y la participación de armas de fuego en estos.
  • En esta línea, es preciso evaluar el impacto del Plan de Fiscalización (PAF), interrogando las hipótesis que están a la base de sus resultados. Como por ejemplo, si se observa que disminuye el número de armas inscritas, esto supone aumento de la informalidad, o a un aumento de barreras en la inscripción de armas. También se interroga respecto de la diversidad en las armas fiscalizadas, o si estamos fiscalizando las mismas armas siempre.
  • De manera adicional, se plantea la necesidad de avanzar en el control y registro de las armas que se encuentran en manos del Estado, es decir, fuerzas armadas; fuerzas de orden y seguridad; gendarmería; y aquellas que los funcionarios tienen de manera particular. La evidencia internacional nos muestra que la desviación de armas desde instituciones del Estado a grupos criminales es una realidad. Se describen casos como el de Ecuador, en donde se ha identificado el arriendo de armas que son derivadas del Estado (policías y FF.AA) a bandas criminales, o el aumento del mercado ilegal como respuesta al endurecimiento de medidas de adquisición de armas en el mercado legal. También se comenta el caso de Argentina, en donde se han detectado robos a armerías y se han detectado envíos de armas a Chile.
  • Otro punto relevante para la discusión considera el impacto de la percepción de inseguridad y cómo esto genera condiciones que legitiman la compra de armas por parte de particulares. En este sentido, algunos expertos consideran necesario problematizar la creencia de que las personas puedan tener armas para protegerse de la delincuencia.
  • Por otra parte, se reconocen transversalmente los esfuerzos ingentes que ha realizado el gobierno, particularmente en inversión en tecnología, para enfrentar este tema que es relativamente nuevo y que, por tanto, no está lo suficientemente caracterizado.
  • En resumen, se identifica la necesidad de realizar un diagnóstico del mercado ilegal de armas y de un reporte de armas perdidas por parte del Estado. Finalmente, se sugiere como medidas adicionales: 1) Supervisión de sujetos de riesgo expuestos en el uso de armas, en específico sujetos que están con libertad vigilada y que tienen acceso a armas de fuego; 2) Contar con estrategias para dar garantías a aquellas personas que entregan su arma, pero que también pueden entregar información valiosa a las policías para identificar dinámicas territoriales; 3) Patrullajes dirigidos en ciertos hotspots de armas; 4) fortalecer la tenencia responsable de armas; 5) Fortalecer la inteligencia policial en materia de armas con más especialización.

 

  1. Acuerdos tomados en la sesión:

 

  • Se enviará acta de la sesión para las observaciones de los expertos y se solicitará un pronunciamiento por escrito respecto de las recomendaciones por parte de los expertos y expertas, con la finalidad de sistematizar los aportes surgidos de la instancia del comité.
  • Se generará, por parte de la División de Seguridad Pública (DSP), un resumen de las recomendaciones realizadas en el panel de expertos, sensibles de generar medidas concretas por parte del ejecutivo (proyectos legislativos, pilotaje de iniciativas, entre otros).
  • El panel de expertos será invitado a una sesión del Gabinete Pro Seguridad, en donde se expondrán los hallazgos mencionados en el punto anterior.